El presidente ecuatoriano Daniel Noboa llama a defender la paz, convocando a una marcha para el 11 de septiembre en Guayaquil

Por Luz Gamboa

(Periodista independiente) 

Esta semana que comienza será histórica en Ecuador porque su presidente, Daniel Noboa, ha convocado a la ciudadanía para una manifestación que tendrá lugar el jueves 11 de septiembre, en la ciudad de Guayaquil. En un comunicado oficial, la Presidencia ecuatoriana expresó que la jornada busca destacar, de forma pacífica, el compromiso del país con la defensa de la paz, la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho. “Estos son valores fundamentales para la convivencia democrática”, manifestó la declaración de la máxima autoridad.  

La iniciativa de este jueves se da luego de que el 12 de agosto el mismo Noboa encabezara otra marcha en Quito, donde miles de simpatizantes del oficialismo se movilizaron en rechazo a la Corte Constitucional (CC). Allí el presidente acusó al órgano de obstaculizar la implementación de sus políticas y de frenar reformas que, según su visión, eran necesarias para enfrentar la crisis de seguridad que sufre el país y fortalecer las competencias del Ejecutivo. 

En efecto, la Corte ha suspendido 17 artículos de leyes clave impulsadas por el Gobierno, que el mismo considera fundamentales para el combate al crimen organizado. El presidente proclama que la movilización del 11 de septiembre debe ser una expresión de voluntad popular orientada a la construcción de un país en el que prime la justicia y el respeto al orden democrático.

En su comunicado oficial se hace una invitación abierta a todos los ecuatorianos a participar en la marcha del jueves, calificándola como una “manifestación de unidad nacional” que mira al futuro y ratifica la voluntad de vivir en un país seguro, justo y solidario. 

La elección de Guayaquil como sede de la movilización se justifica porque la ciudad concentra tanto los mayores desafíos en materia de seguridad vinculados a la criminalidad organizada, además de que es una fuerte base de apoyo político al presidente.

La actual Corte Constitucional ecuatoriana está integrada por nueve jueces que se renuevan por tercios cada tres años. La Corte es un órgano autónomo e independiente, con jurisdicción a nivel nacional y con sede en Quito. No está sometida al control parlamentario, punto central del descontento de Noboa. 

La presidencia ecuatoriana subraya que el organismo tiene un nivel de autonomía absoluta frente al resto del Estado, debilitando el sistema de frenos y contrapesos que caracteriza a toda democracia funcional.

Noboa y su equipo aseguran que en la mayoría de países de América los jueces constitucionales están sujetos a control político como garantía de equilibrio de poderes y de protección democrática. En Ecuador, en cambio, los jueces constitucionales sólo pueden ser removidos por decisión interna de la propia Corte Constitucional, lo que requiere el voto de dos tercios de sus miembros, sin intervención de ninguna autoridad electa ni órgano representativo. 

Este diseño otorga a la Corte Constitucional un poder absoluto, con capacidad de incidir en decisiones políticas, económicas y sociales de alto impacto, sin rendición de cuentas ni posibilidad real de supervisión por parte de otros poderes del Estado.